Los doctores Leonardo Labrador y su esposa Ana Lorena Chang fueron denunciados ayer criminalmente ante el Ministerio Público, mientras la Procuraduría de la Administración acogió una solicitud de rendición de cuentas contra ambos, señalados en el caso de los hisopados obligatorios.
La rendición de cuentas fue acogida por el procurador de la Administración, Rigoberto González, y se indicó que dicha entidad iniciará con las correspondientes diligencias preliminares y medidas que se consideren convenientes, con el objetivo de que se esclarezcan los hechos.
Hay que indicar que la solicitud de rendición de cuentas fue presentada por Cristian Ábrego, a nombre de la Fundación Conciencia Ciudadana.
Se conoció que además se remitirá copia del contenido de la denuncia y lo resuelto por la entidad al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, para que rinda un informe explicativo sobre los hechos descritos.
El titular del Minsa tendrá cinco días hábiles para completar este proceso.
Cabe destacar que sobre la investigación, la Procuraduría de la Administración contará con dos meses y posteriormente 30 días para establecer méritos.
Labrador y Chang figuran como propietarios de la empresa Sermedic que brindaba el servicio de hisopados a las personas que deseaban viajar a las islas, y por un posible conflicto de interés fueron separados de sus cargos como jefe de Epidemiología y jefa de Salud Pública, respectivamente.
Según González, los doctores no tenían permiso para realizar esa actividad y se aprovecharon de una situación de enfermedad colectiva para lucrar.
Antai realiza diligencias
Ayer, la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Elsa Fernández, indicó que la investigación por el caso de los hisopados en el muelle de Amador inició por un posible conflicto de intereses, lo que está definido en el Código de Ética de los servidores públicos. Esto para evitar la independencia de criterios, donde el funcionario no puede tener relaciones en situaciones donde exista un compromiso que lo beneficie.
Ante esto, indicó que se han realizado 11 diligencias, destacando que el día sábado acudieron junto a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) al muelle para verificar que ya no estuvieran brindando este servicio para el cual no estaban autorizados.
