Con la incorporación de la tecnología de videoconferencia y llamadas agilizarán el sistema de justicia panameño carcelario que patrocina el proyecto de Ley 767, sobre el sistema penitenciario, incluido en el cuadro de las normas legales aprobadas, en tercer debate, en este periodo ordinario del 2022.
La norma legal, que modifica el numeral 9 del artículo 69 de la Ley 55 del 30 de julio de 2003, del sistema penitenciario, establece dentro de esos centros la opción de implementar y utilizar la tecnología de videoconferencias y llamadas para que las personas privadas de libertad puedan gozar, sin mayores dificultades, de su derecho a la defensa.
Para la proponente, la diputada suplente Berta Moreno, era un tema de derechos humanos que había que remediar y el cual quedó a flote en el periodo de la pandemia cuando los privados de libertad prácticamente quedaron incomunicados con su parte legal y familiar.
Aprobada con el aval de 39 diputados, se deja claro que en los casos donde sea imposible la visita presencial, la dirección general del centro habilitará los medios tecnológicos necesarios para garantizar la comunicación. Se realizará de forma confidencial, sin interferencias o censura, y sin dilaciones o límites injustificables del tiempo.
