Las modificaciones a la Ley 184, de Violencia Política, aprobada en tercer debate, rellenan un vacío legal en la legislación respecto a los entes de jurisdicción para prevenir y sancionar esas conductas. La conveniencia se sustenta en abonar preceptos claros de un cambio de actitud en las contiendas electorales, con equidad y respeto de género.
Se trata del proyecto 910, que modifica artículos de la Ley 184 de 25 de noviembre de 2020, de Violencia Política, iniciativa presentada inicialmente al pleno de la Asamblea Nacional por la diputada Kayra Harding Bart y que recibió 37 votos favorables en tercer debate.
Las conductas de violencia política establecidas en la norma, que se consideren delitos, contravenciones y faltas, serán objeto de sanción, según lo establecido en el Código Penal, Código Electoral y la Ley 82 del 24 de octubre de 2013 y sus actualizaciones serán del conocimiento de las autoridades correspondientes.
Por otro lado, esta legislación deja claro que en caso de que un hombre sea afectado por las conductas de violencia política, gozará de todos los derechos y garantías reconocidos por el Código Penal, Código Electoral y sus actualizaciones.
En ese punto, la modificación atiende esa falencia hacia una homologación del lenguaje para que los derechos y garantías que contempla el artículo 15 de la Ley, se apliquen tanto a hombres como mujeres víctimas de violencia política.
La Ley 184 sanciona y erradica la violencia política contra la mujer y el hombre, manifestada a través de cualquier acción, conducta u omisión realizada de forma directa o través de terceros
